Notas sobre el sistema electoral español en el siglo XIX

Fue con las Cortes de Cádiz y la promulgación de la Constitución de 1812, la conocida Pepa, cuando se plantó la semilla de la España moderna y de un sistema “democrático” con todas las comillas y reservas que nos podamos imaginar

Las Cortes reunidas en Cádiz, el único territorio peninsular no ocupado por las tropas francesas de Napoleón, se dedicaron durante varios meses a dar forma a lo que se pretendía fuese una nación moderna. Pero tampoco nos llevemos a engaño, no se pretendía dinamitar con una revolución burguesa la estructura de poder como había sucedido dos décadas antes en Francia. Predominaban entre los diputados llegados desde todas las provincias peninsulares, de América, e incluso uno de Filipinas, lo que hoy denominaríamos conservadores. No faltaba la nobleza, el clero y afines a la monarquía.  Sin embargo, pese a ello, se había llegado al convencimiento general que las cosas debían cambiar.

Promulgación de la Constitución de 1812 (Salvador Viniegra)

El sistema liberal nacido en 1812 partía desde cero desarrollándose, no sin dificultades, entre los que lo consideraban corto y lento, y los que les parecía demasiado liberal. Se hubo de enfrentar a las lógicas reticencias de Fernando VII, todopoderoso monarca absoluto que se resistía a enterrar el Antiguo Régimen pese a que entre 1812 y 1814 diera apariencia de acatarlo.

No vamos a extendernos en todo lo que vino a continuación pues ya habrá ocasión de abordar cada etapa y como se vio desde una pequeña localidad de la serranía de la todavía inexistente Rioja.

Se alternaron periodos liberales y absolutistas. Un golpe de estado del propio Rey dio paso a un nuevo periodo absolutista (1814-1820), el pronunciamiento de Rafael del Riego en Cabezas de San Juan con las tropas que iban a sofocar la rebelión independentista americana dio paso al Trienio Liberal (1820-1823), la entrada de los 100.000 hijos de San Luis franceses y la vuelta del absolutismo en la Década Ominosa (1823-1833).

Con la muerte de Fernando VII en 1933 se habría el problema sucesorio al no tener hijo varón y dejar una niña de tres años, la futura Isabel II. Los liberales tomaron la causa de Isabel frente al partido absolutista que lo hacía por su tío Carlos Mª Isidro. La victoria de los primeros en la Guerra Carlista (1833-1840) supuso la instalación definitiva en España de un sistema liberal, nuevamente con todas las reservas que podamos poner.

Como ya se había establecido en Cádiz, la soberanía residía en la Nación y la potestad de hacer las leyes residía en la Cortes con la Reina. Pero, al igual que recientemente en un famoso juicio en el que estuvo involucrada cierta persona de la Casa Real uno de los testigos dijo aquello de que lo de “Hacienda somos todos” era un simple recurso publicitario; el que redactó lo de que la soberanía reside en la Nación debía estar pensando en algo similar.

La preconizada igualdad de todos ante la ley, excluía a la inmensa mayoría de la población del sistema electoral en un sufragio censitario y capacitario. Solo tenían derecho a votar y ser elegidos aquellos que declarasen un cierto nivel económico en base al pago de impuestos o aquellos que por su profesión u oficio se determinaba merecedores de tal condición: médicos, abogados, clérigos,…

No vamos a entrar aquí en las disquisiciones de por qué se negó este derecho a la mayor parte de las personas, si fue por facilitar el control del proceso en aras del beneficio de ciertas clases sociales, o por el verdadero convencimiento de que una población mayoritariamente rural y analfabeta no sería capaz de discernir y elegir con acierto.

Valga de ejemplo que la elección de los diputados de las primera cortes de Isabel II de 1834 en base a un Decreto de urgencia por no existir ley electoral, el censo nacional lo componían solo 16.000 personas. Las condiciones exigidas por la nueva Ley de 1836 ya lo elevó a 65.000, aun así era solo el 0,50% de la población total. Se sucedieron las elecciones, siempre referidas a Cortes ya que el tema municipal todavía no se había planteado. Se sucedieron las leyes, pero el problema continuaba. En 1846 se elevó de 200 a 400 reales anuales para poder ser elector lo que restringía todavía más el censo.

La verdadera evolución, o más bien revolución del sistema electoral llegará con la llamada Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 que acabó con el derrocamiento y exilio de Isabel II. Una de las promesas del nuevo Gobierno Provisional, del que un joven torrecillado Práxedes Mateo Sagasta era su Ministro de Gobernación, era la instauración del Sufragio Universal. España se unía así a la ola europea de países como Francia, Alemania, Suiza o Dinamarca que lo habían adoptado desde 1848. Cualquier varón español mayor de 25 años podía participar libremente en los procesos electorales entre los que se incluían, esta vez sí, las elecciones municipales.

Gobierno Provisional de 1868 (Sagasta, 1º izq. pie)

Alegoria Revolución Gloriosa (1868)

Pero la aventura y reformas del nuevo Gobierno y la nueva monarquía constitucional de Amadeo I de Saboya terminaron con la rápida salida con pies en polvorosa del joven Rey rumbo a Italia. Se votó en Cortes la instauración de una frenética, caótica y corta República que en 11 meses contó con cuatro Presidentes y acabaría con un golpe de estado de Manuel Pavía entrando con militares y Guardia Civil en el Congreso cuando se pretendía elegir a un quinto Presidente tras la dimisión del anterior por la pérdida de una cuestión de confianza. En 1981 en plena sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, Antonio Tejero intentaría algo similar. Quién sabe si la inspiración le había llegado de un siglo antes. La Presidencia-Dictadura del general Serrano, que estaba metido en todos los saraos y bandos desde hacía décadas, acabó igualmente con otro golpe de estado que trajo la vuelta de los Borbones en la persona de Alfonso XII hijo de la reina exiliada. La breve aventura del Sufragio Universal había durado el corto periodo de 1868 a 1874 y pasaría a la historia como el Sexenio Democrático.

Pero no nos llevemos a engaño por la terminología ya que el sistema estaba manipulado desde el principio con los procedimientos fraudulentos que estarán presentes durante todo el siglo XIX y comienzos del XX.

Sagasta como un trilero jugando con el sistema electoral
Revista La Carcajada. 12 de abril de 1871

La Restauración borbónica trajo el turnismo o alternacia pacífica pactada entre los conservadores de Antonio Cánovas del Castillo y los progresistas de Sagasta. Desde el principio se estableció la vuelta al sufragio censitario y a un sistema caciquil del control del escaso electorado con derecho al sufragio activo y pasivo sobre todo en el mundo rural y pequeñas ciudades donde era más fácil llevarlo a cabo.

Ley electoral de 26 de junio de 1890

Pese a que el sistema funcionaba bien una ola democratizadora atravesaba Europa. En ese contexto, el retorno al sufragio universal fue más el resultado del cálculo político que de las convicciones democráticas. Sagasta lo aceptó para mantener unido al partido liberal y evitar una escisión de los sectores más progresistas, y desde los conservadores se asumió con la tranquilidad de que la Monarquía no perdería sus prerrogativas y la constatación de que podía continuar siendo manipulado desde el Gobierno. Así se promulgó la Ley de 26 de junio de 1890 que por primera vez permitía el voto a todo varón mayor de 25 años.

Pese a la teórica universalización del sufragio, los partidos del Turno no renunciaban a método que tan bien les estaba funcionando y se aseguraron de que así continuase. Muchas veces el control directo del electorado no era suficiente por lo que se había de recurrir a un amplio abanico de alternativas: el voto de fallecidos, que misteriosamente resucitaban en vísperas de los comicios; la eliminación del censo de votantes confesos rivales por motivos dispares; la compra directa del voto por una cantidad económica; coacciones para obtener un jornal al servicio del señor posteriormente y la más burda, el conocido como pucherazo o cambio sin rubor alguno de la urna completa llena de papeletas por otra con el resultado establecido.

Esto decía un libro de la época sobre el sistema electoral español:

“los individuos, unas veces por ignorancia, otras por mala voluntad, apelan a todos los medios para alcanzar la victoria en las campañas electorales, desde el uso de recursos tan groseros como las comilonas y francachelas, o tan criminales como el cohecho o el soborno, hasta el empleo de aquellos otros que sirven de aguijón al interés, al egoísmo, a la vanidad o al amor propio, todos se utilizan sin escrúpulo por los candidatos y sus agentes y todos se aprovechan sin remordimiento por los electores… si hemos de dar crédito a los datos reunidos hace cuatro años por los representantes de Inglaterra en el Continente por encargo de su gobierno, resulta que los dos países en que la inmoralidad de electores y candidatos es mayor son Hungría y España, y los dos en los que el poder ejecutivo interviene más de un modo ilegal y abusivo en las elecciones son Portugal y España. ¡Qué honor para nuestra patria el figurar a la cabeza de ambos aspectos!”

Revista satírica

 

Todo el mundo sabía el funcionamiento del sistema y ambos partidos lo aceptaban abiertamente pues en la siguiente ocasión serían ellos los beneficiados. Muestra de esta hipocresía política está en la Ley de 1907 que establecía que en aquellas circunscripciones en las que sólo había un candidato, siendo las condiciones para presentarse casi imposibles para la mayoría de la población, se le proclamaba automáticamente. 

Este sencillo artículo eliminaba de un plumazo la posible competencia electoral de tal modo que con un sencillo pacto entre partidos se aseguraba el único diputado de la circunscripción. De este modo hubo elecciones en las que la mitad del Congreso se eligió directamente sin dar posibilidad a la población de pronunciarse.

Revista satírica, los muertos se levantan a votar.

Más tarde vendría la crisis de este sistema agotado y superado por una Sociedad más plural, madura y formada que demandaba cambios en el sistema de representación. El golpe de estado de Miguel Primo de Rivera auspiciado por el propio rey Alfonso XIII acabó con el Sufragio Universal y a la postre con la propia monarquía. 

La Constitución de 1931 de la II República reconoce el derecho del sufragio universal, y esta vez sí, también el femenino. Será en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933 cuando las mujeres ejerzan en España por primera vez el derecho al voto y por lo tanto, podamos decir que, por primera vez existió en España un Sufragio Universal igual, directo y secreto para todos sin distinción de sexo, riqueza, trabajo, clase social o cualquier otro tipo de discriminación.

Sirva este somero repaso general al sistema electoral español del siglo XIX como base para situar en su contexto cronológico las próximos artículos que traten sobre los distintos procesos electorales dedicados específicamente a Torrecilla en Cameros que puedan aparecer en este blog.